La libertad de expresión está a salvo en CSU – ¿debería estarlo también el discurso de odio?

Dylan Tusinski and Florentino Aguilera

(Ilustración gráfica por Charles Cohen | The Collegian)

Nota del editor: Puedes leer la versión en ingles de este artículo aquí.

Traducción de Florentino Aguilera

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El semestre pasado, dos predicadores llegaron a La Plaza. De acuerdo con reportes de primera mano, escupieron racismo, sexismo y homofobia que los estudiantes que se involucraron activamente con ellos los estudiantes que pasaban por allí podían escuchar. Aunque su llegada se ha convertido en una rutina anual para los estudiantes de la Universidad Estatal de Colorado, las consecuencias de su partida son más que eso.

Un debate acerca de la Primera Enmienda y la noción de la libertad de expresión se ha convertido en un tema cada vez más predominante en los últimos años. Algunos afirman que la libertad de expresión está bajo ataque en los campus de los colegios, mientras que otros afirman que algunas personas están abusando su derecho a la Primera Enmienda. La presencia de los predicadores en el campus ha traído los debates encendidos de los titulares a La Plaza.

Mientras que la presencia de los predicadores en La Plaza es relativamente normal para los estudiantes de CSU, la respuesta del campus ante los predicadores el septiembre pasado enardeció el debate en el campus. Después de que los predicadores dejarán su lugar en La Plaza, algunos estudiantes formaron un grupo llamado CallOutCSU (llamar atención a problemas con CSU) para facilitar una protesta en contra de los predicadores y organizar una lista de 11 demandas para la nueva administración de la universidad.

Entre las demandas estaban que la presidenta de CSU, Joyce McConnell, condenara el comportamiento de odio, tal como el de los predicadores, que CSU estableciera un grupo para monitorear e investigar demostraciones de odio similares y que CSU traslade a los oradores problemáticos de La Plaza a un lugar más aislado como el Stump.

Esa demanda trajo el debate nacional sobre la libertad de expresión a Fort Collins. El debate está centrado en una pregunta fundamental: ¿Qué es exactamente la libertad de expresión, y acaso está a salvo en CSU?

La respuesta a esa pregunta es un poco más complicada de lo que aparenta.

Históricamente, CSU ha sido una universidad firmemente a favor de la libertad de expresión. Incluso después de los incidentes relacionados con el prejuicio tal como el uso de blackface (pintar el rostro con colores obscuros para aparentar ser un afroamericano), propaganda de nacionalistas blancos y grafiti de swastikas en el campus, la administración de la universidad se ha negado a tomar acción en contra de los perpetradores de semejantes incidentes, citando su compromiso a la Primera Enmienda.

La respuesta de CSU — o la falta de ella — ha recibido ambos, el desprecio y el elogio de los líderes políticos del campus.

Gabby Reichardt, la presidenta del grupo conservador estudiantil Punto de Retorno USA (Turning Point USA) en la Universidad Estatal de Colorado, dijo que ella y su organización están de acuerdo con la forma en la que CSU ha manejado los incidentes relacionados con prejuicios en años recientes.

Reichardt dijo que, aunque está en desacuerdo con los mensajes de los predicadores en el campus el semestre pasado, ella apoyó el derecho de los predicadores de estar en el campus.

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“Nunca abogamos ni nos alineamos con nada que (el predicador) dijo, pero estamos abogando por su derecho de estar ahí en propiedad pública,” dijo Reichdart mientras se presentaba en La Plaza. “Las personas tienen el derecho completo de usar las piernas que usaron para caminar hacia él para alejarse de él.”

Reichdart mencionó que, aunque está de acuerdo en cómo la administración de CSU ha manejado las preguntas acerca de la libertad de expresión, no le gusta la mentalidad que los estudiantes en el campus tienen sobre el asunto.

“Cuando se trata de los campus universitarios … acuñan el discurso de odio como algo que siempre es ilegal, pero piensan que ellos deben definir lo que es el discurso de odio, mientras que el discurso de odio está definido legalmente,” dijo Reichart.

El punto de Reichart es parcialmente correcto — el discurso de odio no tiene una definición legal específica, pero se ha dictado repetidamente que el discurso inflamatorio, el odio o la ofensa son expresiones protegidas.

Por otro lado, Douglas Ringer, quien se graduó de CSU en diciembre del 2021 y que era presidente de Los Jóvenes Demócratas de CSU (CSU Young Democrats) durante su entrevista con The Collegian en diciembre del 2021, argumentó lo opuesto. Dijo que muchos perpetradores de incidentes relacionados con el prejuicio cruzaron la línea entre la libertad de expresión y el acoso, efectivamente eliminando las protecciones a su Primera Enmienda.

“Hablamos en contra de (los predicadores) mucho y participamos en protestas en contra de ellos,” Ringer escribió en un correo electrónico a The Collegian. “A base de lo que he escuchado decir, son fanáticos odiosos que no tienen lugar alguno en el campus. Soy un gran creyente en la Primera Enmienda y la protección que nos proporciona; pero, creo mucho de lo que dijeron traspasó lo que pueda ser considerado discurso protegido.”

El punto de Ringer también es uno que tiene una base parcial en los fallos judiciales y la legislación sobre la Primera Enmienda. El discurso que actúa para incitar la violencia o interrumpe la paz ha sido dictaminado como no protegido por la Primera Enmienda.

El discurso de odio, sin embargo, se ha dictaminado repetidamente que también es discurso protegido.

Heather Hicks, una profesora asistente de ciencias políticas en CSU, reprendió la naturaleza politizada del debate sobre la libertad de expresión. Dijo que CSU no se ha negado a castigar la retórica de odio no debido a una ideología política sino más bien por una necesidad legal.

“La Primera Enmienda sólo se aplica a las universidades públicas porque dice que el gobierno no puede infringir la libertad de expresión,” Hicks escribió en un correo electrónico a The Collegian. “Las universidades públicas son consideradas parte del gobierno para los fines de la Primera Enmienda porque reciben fondos públicos y son básicamente administradas por el gobierno.”

“Si los derechos de la Primera Enmienda de un orador han sido abreviados depende de si estaban tratando de hablar en una universidad pública o privada,” escribió Hicks.

Hicks aclara que el discurso de odio es un término que tiene muy poca fuerza legal. No hay leyes que prohíban o que limiten el discurso de odio, ya que ha sido protegido repetidamente por la Primera Enmienda.

“La Corte Suprema ha dictaminado que el discurso de odio es protegido por la libertad de expresión de la Primera Enmienda,” escribió Hicks. Recientemente, en el caso de Matal v. Tam del 2017, la Corte Suprema emitió un fallo unánime, el cual afirmó (que), ‘El discurso no puede ser prohibido a base de que las ideas expresadas ofenden.”

“Es decir, el discurso de odio es incluido bajo la libertad de expresión,” ella escribió.

Lo que falta por ver es que la comunidad de CSU manejara la noción de la libertad de expresión. Mientras que CSU en sí no pueda hacer mucho para evitar que los oradores provocadores prediquen odio, propaguen la violencia o en cambio encareciendo el campus, los estudiantes en la universidad han demostrado la disponibilidad para oponer públicamente a los oradores que ven como odiosos.

Puede contactar a Dylan Tusinski por medio de news@collegian.com o en Twitter a @unwashedtiedye.